23 de septiembre de 2026

Comunicado de La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. 

• La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo da la voz de alerta ante los crecientes ataques a ONG 
• Las agresiones sufridas en Ceuta forman parte de una tendencia mundial de hostigamiento a organizaciones que defienden derechos humanos
• La Coordinadora recuerda que es urgente garantizar la protección del personal humanitario y el fortalecimiento de políticas que garanticen la convivencia

La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo expresa su máxima preocupación y rechazo por los crecientes ataques hacia las organizaciones humanitarias que se están dando en todo el mundo, tal como denuncia el último informe de CIVICUS Monitor. Esta realidad, que se vivió en Ceuta el pasado domingo, empieza a ser el día a día de muchas organizaciones solidarias en todo el Estado que sufren desde hace tiempo diferentes ataques en sus sedes o lugares de trabajo. El hostigamiento, la persecución y las agresiones a las ONG se va abriendo paso poniendo en peligro su trabajo y, con ello, la garantía de los derechos humanos y la democracia: cuando se recortan los derechos y libertades de una parte de la sociedad, se debilitan las garantías de todo el mundo. 

La agresión en Ceuta contra dos activistas y una diputada al confundirlos con trabajadores humanitarios evidencia el clima de hostilidad contra las ONG en la ciudad autónoma. Una situación alimentada en los últimos tiempos por la normalización del odio  y la desinformación que han convertido en objeto de agresiones a las personas migrantes y a quienes defienden los derechos humanos, el derecho a la información o la acción humanitaria.

La Coordinadora recuerda que los discursos que alimentan el enfrentamiento social y el racismo estructural son éticamente reprobables, profesionalmente irresponsables y socialmente peligrosos. Es imprescindible que se proteja al personal humanitario y a las organizaciones de la sociedad civil, garantizando un entorno seguro y favorable para su trabajo.

Una crisis que exige respuestas humanitarias

La crisis humanitaria en Ceuta debe ser tratada como tal. Esto exige que la respuesta cumpla de manera escrupulosa los principios humanitarios y las leyes internacionales que rigen este tipo de situaciones. En este sentido, las ONG están cumpliendo la legalidad internacional y su deber que no es otro que garantizar asistencia y apoyo a cientos de personas migrantes -muchas de ellas posibles refugiadas y otras muchas niños y niñas atrapadas en una situación de extrema vulnerabilidad, especialmente las mujeres y niñas, con riesgo de explotación sexual-. Este es un deber que se cumple tanto en España como en todo el mundo y que cuenta con el apoyo de millones de ciudadanos y ciudadanas . 

Las autoridades deben proteger a todas las personas, incluyendo a activistas, periodistas, y personal humanitario que están ejerciendo su labor. La prioridad debe ser la defensa de la dignidad humana, la garantía del bienestar y la seguridad para el conjunto de la sociedad.

La Coordinadora recuerda lo que ya afirmó en agosto: también es esencial comprender las necesidades y miedos de la población de Ceuta. La crisis responde a lógicas y razones geopolíticas que eluden las necesidades de la población ceutí, de la población marroquí más pobre o de quienes huyen de conflictos y situaciones extremas. Las personas no pueden ser utilizadas como instrumento de presión política o geopolítica. Esta instrumentalización constituye una vulneración del derecho internacional, de los principios y valores democráticos que deben regir nuestras sociedades y del deber de proteger la vida humana. 

Hostigamiento y persecución global a las ONG

El avance de discursos y políticas contrarios a la solidaridad y la creciente persecución de las organizaciones sociales a nivel global, con leyes “anti ONG”,  están agravando este clima de hostilidad hacia el sector humanitario. Centroamérica o Palestina son lugares especialmente preocupantes, aunque no son los únicos. 

La Coordinadora recuerda que la labor que realizan las ONG es más necesaria que nunca en un contexto marcado por múltiples crisis que no saben de fronteras. Defender el diálogo y la convivencia pacífica no es un lujo ni una ingenuidad. Es una condición básica para vivir en democracia y afrontar los conflictos sin alimentar el odio ni la confrontación. La responsabilidad ante esta situación es compartida: instituciones políticas, sociedad civil, medios de comunicación y ciudadanía deben asumir, de manera conjunta y efectiva, el deber de garantizar los derechos humanos, la asistencia humanitaria y la convivencia. La Coordinadora llama a todas ellas a defender la solidaridad y los valores democráticos, a impulsar soluciones estructurales y sostenibles que permitan evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.